posicionamiento ante los lamentables hechos del 2 de octubre

Texto Original 

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Amigas y amigos de los medios de comunicación:

Por este medio les hacemos llegar un pronunciamiento impulsado por el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en defensa del derecho a la protesta y a la manifestación. Expresamos que reprimir es un delito y expresarse es una libertad como una muestra del amplio respaldo que estos derechos tienen en nuestro país.

Agradeceremos a los medios de comunicación otorguen un espacio proporcional --en el contexto de la cobertura que recientemente realizaron de los hechos del 2 de octubre-- a este posicionamiento respaldado por 110 organizaciones civiles (se incluye a 7 redes de organizaciones) y 81 personas a título individual.

Nos parece importante destacar que este pronunciamiento también surge como respuesta a las agresiones que en esa misma fecha sufrieron periodistas profesionales y ciudadanos, así como defensores de derechos humanos, durante el ejercicio de sus labores que --no debiera ser necesario resaltarlo-- son legítimas y legales.

Para mayor información o gestión de entrevistas quedamos a sus órdenes

Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh
Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 8531 2218 (celular)
Correo electrónico: comunicacion@centroprodh.org.mx

Pronunciamiento

Reprimir es un delito, expresarse una libertad

El día dos de octubre de 2013, ante la posibilidad de que ocurrieran violaciones a los derechos humanos de personas en ejercicio de su derecho a la protesta y a la manifestación, particularmente a partir de los antecedentes de recientes manifestaciones en la Ciudad de México, un sector amplio de la sociedad civil compuesto por activistas y personas defensoras de derechos humanos, así como por periodistas profesionales y ciudadanos, se articularon en formas legales y legítimas para observar el desarrollo de la marcha por el 45 aniversario de la conmemoración de la matanza de Tlatelolco.

Lamentablemente, el desarrollo de la marcha confirmó los antecedentes con hechos objetivos documentados: los cuerpos policiacos actuaron de manera ineficaz y desorganizada para procurar la seguridad de los asistentes a la marcha, evidenciando falta de profesionalismo y ausencia de protocolos para el uso de la fuerza, generando con ello condiciones para violaciones a los derechos humanos de las personas asistentes, incluyendo a las y los observadores de derechos humanos del Centro Prodh y la LIMEDH, entre otros, así como periodistas que buscaban registrar los hechos.

La observación y la documentación de violaciones a los derechos humanos es el ejercicio de un derecho. Las personas que realizaron observación pudieron constatar una importante cantidad de detenciones arbitrarias, así como agresiones dirigidas de manera selectiva y violenta hacia aquellas personas que pretendían documentar las violaciones a derechos humanos, de manera particular a periodistas y defensores de derechos humanos.

Siendo el objetivo de las organizaciones de derechos humanos buscar la plena vigencia de estos, nos corresponde exigir su debido cumplimiento o denunciar sus violaciones, especialmente ante el testimonio cotidiano de una realidad en donde las personas y sus derechos pierden cada vez más recursos e importancia en favor de grupos de interés cercanos al Estado.

La iniciativa de distintos grupos para participar como observadores surgió del seguimiento atento a la forma en que el Estado ha respondido ante las expresiones de protesta civil. La reacción oficial ha estado caracterizada por un autoritarismo que ha mantenido una tendencia creciente en los meses anteriores. En distintas marchas y acciones de protesta se había podido constatar que la respuesta del Estado ante expresiones fundamentalmente pacíficas ha sido el abuso de autoridad y la comisión de violaciones a derechos humanos.

La protesta civil es un mecanismo legítimo de reivindicación de derechos y ante ella el Estado está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas  para conducir a la resolución de los conflictos. Ante los hechos del 2 de octubre de 2013, las personas y organizaciones que emitimos este pronunciamiento rechazamos totalmente la violencia del Estado en contra de las y los ciudadanos.

De la misma manera exigimos la investigación y la sanción a los agentes responsables de estas violaciones, incluyendo a toda la cadena de mando, y la adopción inmediata de medidas de no repetición.

También llamamos a la sociedad a no desviar la atención de las demandas centrales de esta conmemoración: la reivindicación de la memoria y la exigencia de justicia por los crímenes de Estado caracterizados por la impunidad absoluta. Igual que en 1968, hoy nuestras libertades están en peligro. No es guardando silencio y encerrándonos en nuestras casas como vamos a fortalecerlas, sino a través de su ejercicio pleno y responsable.

Decimos un contundente YA BASTA a la represión del Estado que impide el ejercicio pleno de las libertades, YA BASTA a la criminalización de la protesta, YA BASTA al clima de hostigamiento en contra de defensoras,  defensores y periodistas. Reprimir es un delito, expresarse una libertad.

110 Organizaciones 
(incluye a 7 redes de organizaciones)

1.         Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos.

2.         Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH)

3.         Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones

4.         Alarbo A.C.

5.         Alconsumidor A.C.

6.         Alianza Cívica Nuevo León A.C.

7.         Alianza Internacional de Habitantes

8.         Aluna Acompañamiento Psicosocial

9.         Artículo 19.

10.      Asamblea Popular de Familias Migrantes.

11.      ASILEGAL, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.

12.      Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM).

13.      Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C.

14.      Casa de los Derechos de Periodistas A.C.

15.      Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia, A.C.), Saltillo, Coahuila

16.      Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., Tlaxcala, Tlaxcala

17.      Centro Antonio de Montesinos

18.      Centro de Derechos Humanos "Fr. Francisco de Vitoria O.P." A.C.

19.      Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

20.      Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

21.      Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.

22.      Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano A.C.

23.      Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

24.      Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A. C. de Torreón, Coah.

25.      Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

26.      Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.

27.      Centro de Derechos Humanos Victoria Diez A.C. 

28.      Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz "Bety Cariño" A.C.

29.      Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A. C.

30.      Centro de Estudios Ecuménicos,

31.      Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)

32.      Centro de Pastoral Obrera de Cd. Juárez, A.C.

33.      Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

34.      Centro Juárez de Apoyo a Migrantes.

35.      Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño" A.C. BARCADH

36.      CIAJ- Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Organizacion de DDHH de la ciudad de La Plata, Argentina

37.      Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

38.      Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

39.      Coalición Internacional para el Hábitat Oficina para América Latina (HIC-AL)

40.      Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.

41.      Colectivo Docente de la Formación de Educadores en Primera Infancia del Centro de Formación y Estudios del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (ColDoc - CenForEs-INAU)

42.      Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

43.      Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán A.C.

44.   Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

45.      Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)

46.      Comité Cerezo México

47.      Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.

48.      Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua.

49.      Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C

50.      Cooperativa de Trabajo Construyendo Camino, Centro de Educación Infantil Los Pitufos (Montevideo, Uruguay)

51.      Coordinacion alemana por los Derechos Humanos en México

52.      DECA Equipo Pueblo A.C.

53.      Democracia Derechos Humanos y Seguridad A. C. 

54.      Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.

55.      Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI, A.C.) Chiapas

56.      El Caracol A.C.

57.      El Poder del Consumidor A.C.

58.      Equipo de Mujeres en Acción Solidaria (EMAS),  Michoacán

59.      Equipo Indignación, A.C.

60.      Equis: Justicia para las Mujeres

61.      Familia Pasta de Conchos

62.      Frente Amplio contra la Supervía Poniente.

63.      Fuerzas Unidas por nuestros Desparecidos(as) en Coahuila y en México

64.      Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos(as) Nuevo León

65.      Fundación Diego Lucero.

66.      Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C.

67.      Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

68.      Greenpeace México.

69.      Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A. C

70.      Grupo Vicente Guerrero, Tlaxcala

71.      H.I.J.O.S. México.

72.      Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.

73.      Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social) A. C.

74.      Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria s.j.

75.      Instituto de Justicia Procesal Penal. Presunción de Inocencia

76.      Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

77.      Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

78.      JASS, Asociadas por lo Justo

79.      Kalli Luz Marina de Orientación y Promoción de la Mujer

80.      La asamblea veracruzana de iniciativas y defensa ambiental, LAVIDA

81.      Letra S (Sida, Cultura y Cotidiana A.C.)

82.      Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

83.      Litiga OLE.

84.      Luna del Sur A.C.

85.      Misereor (Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V.)

86.      Mujeres para el Dialogo A.C.

87.      Nacidos en la Tempestad.

88.      Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

89.      Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

90.      Observatorio Eclesial

91.      Oficina ecuménica para la paz y la justicia

92.      Pobladores A.C.

93.      Por Nuestros Derechos Mujeres en Red, Mérida  Yucatán

94.      ProDesc

95.      Propuesta Cívica.

96.      Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género A.C.

97.      Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C.

98.      Red Nacional de Resistencia Civil.

99.      Red Nacional Género y Economía.

100.  Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

101.  Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C.

102.  Servicios de Inclusión Integral, A.C.

103.  Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER-Mixe) Oaxaca

104.  SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA A.C EDUCA OAXACA

105.  Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)

106.  Siembra A.C.

107.  Tequio Jurídico, A.C.

108.  Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.

109.  Xilotl, Servicios Comunitarios A.C

110.  Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (conformada por 73 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana):Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria,S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

81 Personas

1.         Adrián Ramírez López

2.         Aleida Calleja

3.         Alejandra Macías Delgadillo

4.         Alejandro Brito Lemus

5.         Anabel Ojeda Gutiérrez

6.         Andrea Ballesteros García.

7.         Andrea de la Barrera Montpellier.

8.         Ángeles Enríquez Rincón

9.         Antonio Esparza Santos

10.      Armando Dorantes Cabrera

11.      Arturo Alvarado

12.      Azalea Martínez Navarro

13.      Carlos Alberto Zetna Antonio

14.      Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez

15.      Clara G. Meyra Segura.

16.      Claudia Campero

17.      Clemencia Correa

18.      Constanza Argentieri

19.      Cristina Auerbach

20.      Cristina Barros.

21.      Daniel Gershenson.

22.      Diana Itzel González

23.      Diego Lucero.

24.      Dolores Soto

25.      Dr. Bernardo Romero.

26.      Dr. David Velasco Yáñez, sj

27.      Dr. José Antonio Ibáñez Aguirre

28.      Dra. Blanca Hernández Díaz.

29.      Elena Azaola

30.      Ernesto Cárdenas Villarello.

31.      Fatima Cabrera Brambilla

32.      Fernando Elizondo García

33.      Francisca Pini

34.      Fray Raúl Vera López

35.      Gerardo Moreno Ballesteros.

36.      Griselda Sosa

37.      Gustavo Fondevila.

38.      Heraclio Pernia

39.      Jaqueline Jongitud.

40.      Jasibe Ramírez Tamayo

41.      Jesús González Ramírez

42.      John M. Ackerman

43.      Jorge Alberto Gaytán.

44.      Jorge Villarreal Padilla.

45.      José Luis Caballero Ochoa

46.      Karla Hernández Mares

47.      Karlos Castilla.

48.      Laura Hernández García

49.      Leticia Moreno Ballesteros.

50.      Lourdes Moreno Ballesteros

51.      Lucía Melgar (académica independiente)

52.      Luis Arriaga

53.      Magdalena Gómez

54.      Manuel Fuentes Muñiz.

55.      Marcela Arroyave Sandino

56.      Marcelo Koyra

57.      Marco Buenrostro.

58.      María de Lourdes Covarrubias Romero

59.      Mariana Ramírez Rodríguez

60.      Marisela García Reyes

61.      Matías Penhos

62.      Miguel Ángel Vásquez.

63.      Miguel Rábago Dorbecker

64.      Mónica Guadalupe Orihuela

65.      Mónica Tapia A.

66.      Mtra. Erika Lilí Díaz Cruz,

67.      Mtra. Luz Estela (Lucha) Castro Rodríguez.

68.      Mtra. Sandra Salcedo González

69.      Olga Nacori López Hernández

70.      Oliver Román López Serrano

71.      Paz Echeñique Pascal

72.      Rafael Martínez Ramón.

73.      Renee Ponce Figueroa

74.      Rodrigo Gutiérrez Rivas

75.      Rubén Moreno.

76.      Sandra Alicia Velasco Herrera

77.      Séverine Durin

78.      Silvano Cantú Martínez.

79.      Silvia Martínez

80.      Socorro Méndez Luna.

81.      Verónica Munier.

Texto Original

ARTICLE 19 invita a romper el miedo este 2 de octubre

ARTICLE 19 invita a romper el miedo este 2 de octubre

POR LA REDACCIÓN DE ARTICULO19 EL Martes, octubre 1, 2013.

ARTICLE 19 lanza una iniciativa para monitorear las marchas que sucederán el próximo miércoles 2 de octubre en la Ciudad de México por la conmemoración de la matanza de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Se espera que a estas manifestaciones se unan contingentes que abanderan distintas movimientos sociales por lo que es necesario estar alertas  para garantizar el derecho a la libre protesta.

En el último año hemos observado un patrón durante las marchas en la ciudad: la fuerza pública trata de disolverlas y están documentadas un sinnúmero de detenciones arbitrarias e ilegales, entre éstas a  personas que ejercían su derecho a libertad de expresión. Ante este contexto ARTICLE 19 junto con diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil ha convocado a monitorear a quienes acuden a cubrir las protestas y a personas defensoras de derechos humanos que se manifiestan. El próximo 2 de octubre, en las oficinas de ARTICLE 19 se montará un centro para dar seguimiento al desarrollo de las protestas.

Bajo el lema #RompeElMiedo ARTICLE 19 vigilará que medios y ciudadanos que decidan documentar los acontecimientos del 2 de octubre no sean reprimidos por las autoridades. Esto con tres niveles de protección: la preventiva, a través de las guías de seguridad que la organización ha puesto en el sitio coberturaderiesgo.articulo19.org; la protección legal en el caso de ser necesario y una protección política a través del llamado constante a las autoridades a actuar bajo el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.

Esta red de solidaridad está integrada por periodistas y OSC que participarán en las marchas y vigilancia de su desarrollo. En ARTICLE 19 consideramos que los abusos previos de la autoridad no deben inhibir el derecho de expresión y el derecho a saber de las personas, de ahí que esta iniciativa busque romper el miedo. Si quieres participar en esta iniciativa ciudadana envía tus datos al correo article19mex@hushmail.com, si asistes a la marcha puedes usar los hashtags #RompeElMiedo y #2OctMx para registrar cualquier agresión; para los medios independientes y periodistas freelance que lo requieran ARTICLE 19 entregará gaffettes para que sean identificados como prensa por las autoridades.

ARTICLE 19 ha entrado ya en comunicación con las autoridades de la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal para exigir una buena actuación de las autoridades. Ante un espacio público en constante disputa ARTICLE 19 reafirma que debe garantizarse el derecho a la protesta como parte importante del ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Así también hacemos un llamado a las autoridades para hacer uso de la fuerza pública con el fin de proteger a los manifestantes y no para disolverlas, y con ello evitar detenciones arbitrarias. Invitamos a todas las personas a sumarse a las manifestaciones y romper el miedo de ejercer su derecho a expresarse libremente.

Para mayor información, favor de contactar a article19mex@hushmail.com o hablar al + 52 55 1054 6500 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Fuente

Investigadores del INAH exigen cancelar propaganda de reformas peñistas

Investigadores del INAH exigen cancelar propaganda de reformas peñistas

Imagen tomada de uno de los spots peñistas.
Foto: Archivo de Proceso

POR COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE PARA PROCESO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MÉXICO, D.F. (apro).- Académicos e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitarán mañana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) parar toda la propaganda del gobierno federal sobre las leyes energética y educativa.

Acudirán a las 17 horas del 5 de septiembre a las oficinas centrales de la CNDH —Periférico Sur 3469, San Jerónimo Lídice, DF— a entregar la misiva en la que piden a esta instancia que “realice todo cuanto tiene en su potestad para ordenarle al Ejecutivo federal, al legislativo, judicial y partidos políticos suspendan sus anuncios en materia energética y educativa por el daño que nos causa y por lo insultante que resultan para nuestra dignidad humana”.

Se lee en el texto enviado a este medio: “Reclamamos y exigimos al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto que respete nuestra dignidad humana, la cual pasa necesariamente por el reconocimiento a nuestras inteligencia, capacidades de raciocinio, de análisis y de mantenimiento de la memoria.

“Estas cualidades se ven francamente obstaculizadas, anuladas y lesionadas con las campañas de propaganda que ha emprendido el gobierno federal en los medios electrónicos de comunicación masiva para hacer posible lo que llaman ‘reformas estructurales’ mismas que, según ellos, requieren cambios radicales al espíritu y letra de nuestra Carta Magna bajo el supuesto de un beneficio social incalculable para la mayoría de los mexicanos”.

Líneas más abajo, dice: “Nuestra historia reciente ha mostrado que ese tipo de propaganda utilizada para reformar los artículos constitucionales 27, 123 y 130, así como las múltiples privatizaciones como la de la Banca Nacional, Teléfonos de México, Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), Ferrocarriles Nacionales y otras más han resultado totalmente lesivas para la inmensa mayoría de los mexicanos”.

Para los profesores, “esas reformas y privatizaciones sirvieron para enriquecer a un reducido número de mexicanos que hoy se encuentran entre los más ricos del mundo y beneficiando a empresas trasnacionales que terminaron anulando una buena parte de la producción nacional y abaratando los salarios y disminuyendo la seguridad social”.

Explican en el texto: “En contraposición se incrementó en proporción inversa el crecimiento exponencial de la pobreza de millones de mexicanos, lo cual pasa necesariamente por el desmantelamiento de la planta productiva nacional y que hoy se refleja en el incremento de las importaciones de alimentos básicos, así como de gasolina y gas, para sólo referir los más evidentes.

“La propaganda que hoy transmite desmedidamente el gobierno federal se mete, aun sin nuestro consentimiento, a nuestras vidas privadas, por medio de la radio, la televisión, la prensa escrita y hasta en anuncios espectaculares, así como en el internet, para apabullar a la sociedad con sus sofismas. Esas campañas propagandísticas no sólo son un insulto a la dignidad humana, a la inteligencia, a la capacidad de raciocinio, de análisis y a la memoria. También se convierte en una permanente tortura y agresión a la vida privada y a la salud mental.”

Firman Felipe I. Echenique March, Juan Manuel Sandoval, Sergio Gómez Chávez, Rosa María Vanegas García, Joel Santos Ramírez, Gilberto López y Rivas, Alberto Hijar, Lina Odena Güemez H., Fernando Sánchez Martínez, Zaid Lagunas Rodríguez, Lucero Morales Cano, Carlos A. Ortega Hurtado, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Ángel Benhumea, Fernando Miranda Flores, Pedro Rivero, Brenda Porras, Fernando López, Mauricio Macossay Vallado, Jesús Antonio Pérez Aranda, Fabián García Moya, Adelaida Salas Salazar, Gabriela Muñoz Jiménez, Arturo Rivera Trejo, Alan Aguilar Murrieta, Hugo Herrera, Guillermo A. Franco Solís, Alfonso Romero Blake, Antonio Flores Díaz, Clemente Gerardo López Román, Alfredo Soriano, José Cárdenas Pesina, Porfirio Barrera Jiménez, León Felipe Echenique Romero, Octavio Barrera Jiménez, Octavio Hernández Fernández, Bernardo Ramírez, Héctor Gómez Amor, Andrés León Zárate, Alfonso Ferris Salinas, Cecilia Vázquez Ahumada, Martín Navarro, Alejandra Gómez Colorado, Eduardo Saucedo Sánchez de Tagle, Miguel Ángel Adame Carón, Gabriela Zepeda García Mora, Jaime Garduño Argueta, María del Carmen Solanes Carraro, Dilce Karina Soriano G., Luis Heredia Barrera, Rosa Elena Ansaldo Figueroa, Jess Franco, José Antonio Vital Galicia, Víctor Manuel Ortiz Villarroel, María Soledad Cervantes Ramírez, María Teresa Jardí Alonso, Susana M. Clares Fuentes, Jesús Antonio Pérez Aranda, Alejandro Huerta Carrillo, Manuel Esparza, Horacio Almanza Alcalde, Gustavo García Rojas, María Teresa Pavía Miller y Hortensia López.

Fuente

Bozzo usurpó funciones de rescatista; se castiga con prisión

Laura Bozzo. Disfraz de rescatista.
Foto: Tomada de Twitter

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA PARA PROCESO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

MÉXICO, D.F. (apro).- Las leyes y reglamentos en materia administrativa y de protección civil del Estado de México no autorizan la facilitación de servicios de rescate para particulares o que éstos se sumen como voluntarios y mucho menos que puedan usar equipos y uniformes. Son, por el contrario, acciones para las que ve prevé sanción, inclusive penal.

Luego de que servidores públicos del Estado de México posibilitaran la realización de grabaciones a la conductora de televisión Laura Bozzo, al facilitarle helicóptero, equipo y uniformes para hacer de la tragedia de Coyuca de Benítez, Guerrero, un set de Televisa, hasta ahora el escándalo no ha derivado en un deslinde de responsabilidades.

Con base en las declaraciones de la llamada “señorita Laura”, así como datos recabados por reporteros de Apro, entre las posibles disposiciones que se violaron está la ley y el reglamento en materia de Protección Civil, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos e inclusive el Código Penal de la entidad.

El pasado viernes 20, Laura Bozzo y su equipo de producción de Televisa, con el que realiza su programa, viajaron a Coyuca de Benítez, pero para ello utilizaron un helicóptero del Agrupamiento de Rescate Aéreo Relámpagos, del gobierno del Estado de México, así como el uniforme de sus integrantes.

La grabación de dicha incursión provocó un escándalo en redes sociales, y los reporteros de Proceso, Marcela Turati y Eduardo Miranda, publicaron en el portal electrónico del semanario una crónica y fotografías de lo ocurrido.

El asunto fue retomado por la periodista Carmen Aristegui, a quien el miércoles 25 Laura Bozzo acusó de “mentirosa”, retándola a que acudieran juntas a las zonas afectadas tras el paso de los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, y demostrar a cuál de las dos prefiere la gente. Al aire, en su programa de televisión, Bozzo aseguró que fue en calidad de rescatista:

“Yo fui a ayudar (a Coyuca de Benítez), a rescatar gente, a llevar alimentos a comunidades donde nadie había pisado. Yo me sumé al grupo de rescate los Relámpagos porque he sido rescatista toda mi vida, he trabajado con los topos en Perú, en Chile y en muchos lugares”, apuntó en aquella ocasión.

Aunque no lo dijo, la conductora de Televisa utilizó un uniforme de uno de los miembros del mencionado agrupamiento, que de acuerdo con las imágenes captadas por Eduardo Miranda, correspondía a Ricardo Hernández Martínez.

Voluntariado imposible

“Sumarse” a un agrupamiento de seguridad o de protección civil en el Estado de México sólo es posible como servidor público. Si bien es cierto que se puede participar como voluntario en tareas de rescate, no puede hacerse a título individual, sólo en grupo.

Además, un grupo voluntario está sujeto a una serie de normas, pruebas y acreditaciones, y su participación es coordinada por las autoridades en la materia.

De acuerdo al artículo 28, inciso VI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, debe propiciarse la participación de voluntarios. Sin embargo, dicha participación no es sencilla ni inmediata, pues está sujeta a procedimientos de registro, capacitación y otras condiciones.

En cuanto al registro, el artículo 51 de dicha ley establece la existencia de un registro estatal de Protección Civil, en el que deben inscribirse los cuerpos especiales permanentes y grupos voluntarios de prevención y auxilio en casos de desastre.

Complementario de la ley –que establece la necesidad del registro de los grupos de voluntarios–, el Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo (Reglamento de Protección Civil) establece en el artículo 4 sus definiciones.

Se entiende por “Grupos Voluntarios: a las instituciones, organizaciones y asociaciones que cuentan con el personal, conocimientos, especialización, experiencia, financiamiento y equipo necesarios, y prestan sus servicios en acciones de protección civil de manera altruista y comprometida”, puntualiza.

El capítulo sexto del reglamento establece que los grupos voluntarios deben tener su registro vigente y cumplir con bases y requisitos de colaboración con el estado, y en caso de emergencia o desastre, añade, actuarán bajo la convocatoria y coordinación de las autoridades. En ningún caso se menciona que podrán “sumarse” a los grupos oficiales.

El artículo 25 establece:

“Los grupos voluntarios, paramédicos, organizaciones civiles, instituciones privadas de protección civil no lucrativas y demás organismos sociales afines, deberán inscribirse en el Registro, a cargo de la Dirección General. El Registro indicará el número correspondiente, nombre del grupo voluntario, actividades a las que se dedica y territorio de actuación, las restricciones procedentes, así como el alcance de su intervención”.

En el artículo 69 del mismo ordenamiento se establece una serie de requisitos para el registro, en el que se incluye: inventario de equipo, bienes muebles, inmuebles, recursos humanos, planos del área territorial de operación, así como documentos que acrediten la capacidad técnica de los integrantes del grupo voluntario, con constancias que acrediten su evaluación y especialidad, tanto de personas como de equipos, y pagar los derechos.

La inscripción en el registro no puede ocurrir en cualquier fecha del año, sino sólo en los tres primeros meses, durante los cuales también se renueva el registro, para lo cual se debe exhibir la constancia de actualización de conocimientos.

Al declarar que se sumó al Agrupamiento Relámpagos, la conductora se ostentó entonces como servidor público, por lo que se realizó una búsqueda en la nómina del gobierno del Estado de México, pero no fue posible encontrar registro alguno sobre Laura Bozzo.

De acuerdo con el artículo 176 del Código Penal del Estado de México, comete el delito de “usurpación de funciones públicas o profesiones”, quien “sin ser funcionario público se atribuya ese carácter o ejerza alguna función pública sin derecho, y se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista sin tener título legal o ejerza los actos propios de una profesión sin título o sin autorización legal”.

El mismo artículo establece que, al ostentarse como miembro de una corporación pública o privada de seguridad sin serlo, la penalidad es de tres a ocho años de prisión y de 50 a 300 días de multa. El delito, además, no requiere denuncia, pues se persigue de oficio.

Por otra parte, el artículo 177 del Código Penal incluye el delito de Uso Indebido de Uniformes, Insignias, Distintivos y Condecoraciones:

“Comete este delito el que usare credenciales o cualquier medio de identificación, uniforme, insignias, distintivos o condecoraciones oficiales a que no tenga derecho, y se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de 30 a 150 días multa. Si son utilizados para cometer algún ilícito, la pena aumentará hasta en una mitad”.

Tripulación relámpago

Fundado en la década de los setenta, el Agrupamiento de Rescate Aéreo Relámpagos ha sido objeto de diferentes montajes televisivos. Uno de los más famosos ocurrió en 2005, cuando fue utilizado para promover la imagen del exgobernador Arturo Montiel, quien pretendía ser candidato del PRI a la Presidencia.

Aunque su función es el rescate y, por tanto, sus tareas son de protección civil, el agrupamiento depende de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y no de la de Seguridad Pública, de la que a su vez depende Protección Civil.

Relámpagos, como agrupamiento, no es mencionado en la Ley Orgánica de la Administración Pública ni en el reglamento interno de la Sefin. En dicha ley ni siquiera se contempla la existencia de la Coordinación de Servicios Aéreos (CSA), que sólo aparece en el reglamento interior. El Agrupamiento de Rescate Aéreo Relámpagos depende de la CSA.

De acuerdo con el artículo 35 del reglamento de la Sefin, la CSA tiene como primera función proporcionar servicio aéreo para actividades de seguridad pública, protección civil y recursos naturales, además de transportar al gobernador y los funcionarios.

Las fracciones IV, XI y XII, del mismo artículo, establecen que dicha coordinación debe “verificar la adecuada asignación de la tripulación de cada una de las naves en los vuelos programados, de acuerdo con las características, necesidades y capacidad establecidas”. También: “establecer la ejecución de programas de capacitación y desarrollo del personal técnico-aeronáutico, conforme a las necesidades de adiestramiento sobre la operación integral de las aeronaves oficiales”.

Además, “prevenir daños a las personas y en su caso daños materiales a consecuencia de las operaciones inherentes a sus actividades.”

Conforme al citado reglamento, no se contempla la participación de voluntarios y sí la capacitación permanente de la tripulación de las aeronaves.

En la fracción XIV del mismo artículo, se faculta a la CSA para “suscribir los convenios de apoyo aéreo con los sectores público, privado y social, previa autorización por escrito del Secretario”.

Hasta el momento, las justificaciones de Laura Bozzo, así como del propio gobierno mexiquense, que emitió un comunicado para informar que había transportado periodistas, no ha hecho alusión a ningún convenio de apoyo aéreo, lo cual no necesariamente autorizaría la participación de voluntarios como tripulación.

Desde el viernes 27 se intentó establecer contacto con la CSA para saber si había algún procedimiento administrativo respecto del uso privado de aeronaves y equipos, el pasado viernes 20, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

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