Por: Daniel Salgar Antolínez para elespectador.com el 26 Feb 2013
En 2009 la prensa italiana publicó las acusaciones de 67 hombres abusados por curas católicos entre 1950 y 1980 en el Instituto para Sordos Antonio Provolo, en Verona. El mismo año, una investigación en Irlanda reveló más de 2.000 testimonios de víctimas de crímenes sexuales de sacerdotes. En 2010 se supo que el padre Lawrence C. Murphy abusó de hasta 200 niños en la Escuela para Sordos St. Johns en Milwaukee. El lunes pasado, Keith O’Brien, cardenal del Reino Unido, renunció tras ser acusado de tener contactos indebidos hace 30 años con jóvenes seminaristas.
Esas son algunas de las miles de denuncias de abusos sexuales perpetrados por curas católicos, que salieron a la luz en el papado de Benedicto XVI tras permanecer en secreto durante décadas. En septiembre de 2011, Joseph Ratzinger se convirtió en el primer pontífice demandado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por encubrir estos delitos. Con cada revelación de pedofilia, crecían las manifestaciones contra el Vaticano, dando lugar a lo que algunos llaman la peor crisis de la Iglesia en su historia.
Las denuncias ante la CPI fueron presentadas por la Survivor’s Network of those Abused by Priests (Snap) y el Centro de Derechos Constitucionales (CCR). A La Haya llegó una queja de 84 páginas, con más de 20.000 páginas de material de apoyo. Katherine Gallagher, abogada del CCR, explica a El Espectador que esos documentos prueban que el papa y otros oficiales del Vaticano “tienen responsabilidad directa por permitir el encubrimiento de delitos sexuales y de violación infantil en el mundo y deben ser juzgados por esos crímenes contra la humanidad”.
El informe también muestra, según Gallagher, “un patrón de encubrimiento que se repite sistemáticamente en el mundo: una vez el abusador es conocido en un lugar, en vez de permitir que sea investigado por las autoridades es enviado a otra comunidad sin ninguna advertencia, donde puede cometer más violaciones o ataques sexuales”. La CPI registró la demanda y no ha cerrado el caso. En abril de 2012 las organizaciones añadieron otras miles de acusaciones como soporte. “Seguimos a la espera de que se abra una investigación”, añade Gallagher.
Ante la presión mundial, rompió el silencio de la Iglesia, Benedicto XVI pidió perdón y en 2006 se refirió a los delitos sexuales del clero como “crímenes enormes”. Guillermo León Escobar —exembajador de Colombia ante el Vaticano— dijo en una entrevista con este diario que Ratzinger “modificó la apreciación jurídica de la Iglesia y determinó que la autoridad civil tiene que encargarse del castigo del crimen, en tanto la Iglesia tiene que denunciar al criminal y acoger mediante la piedad y la reconsideración de la conducta al pecador”.
Una de las acciones del papa fue ordenar en 2006 a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que renunciara y “se retirase a una vida de oración y penitencia” por las acusaciones de pedofilia en su contra. En 2010 reforzó las sanciones contra la pedofilia, el aumento de 10 a 20 años del período de prescripción y la condena de la pornografía infantil.
Gallagher dice que, sin embargo, la práctica sigue siendo la misma. En EE.UU. se han tomado medidas de “cero tolerancia” y en Irlanda se ha intentado cambiar los sistemas de denuncia, “pero el Vaticano ha controlado en última instancia la formación e implementación de esas políticas y ha retenido la revelación de los abusos. Los secretos sobre encubrimiento de abusadores no han sido revelados”.
Barbara Blaine fue violada cuando tenía 12 años por un sacerdote (que nunca fue a la cárcel) y ahora es la presidenta de Snap. En conversación con El Espectador, dice que Benedicto XVI se enfocó en dar “nobles declaraciones” y promulgar políticas que “no proporcionaron ningún cambio sustancial para proteger a la niñez”.
Según Blaine, algunos pasos que Ratzinger hubiera podido dar en sus últimos días en oficio habrían sido animar (u ordenar) a todos los prelados del mundo para que publicaran las identidades de los abusadores acusados que están trabajando o trabajaron en su diócesis (como 30 obispos de EE.UU. lo han hecho), ordenar a los obispos que entreguen a la policía toda la información y documentos sobre presuntos delitos sexuales, castigar a los obispos que han protegido a un abusador o que lo hayan transferido a sabiendas de sus delitos y recompensar a los denunciantes que permitan procesar a un abusador. “No dio esos pasos, no tuvo la fortaleza para exigir una justicia que dé vuelta a las estructuras que permiten el mal y para exponer la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Los niños de hoy y mañana no se merecen menos”.
Los abusos sexuales son una asignatura pendiente en el Vaticano. Así lo demuestran los escándalos surgidos días antes de la renuncia de Ratzinger, que mañana se hace oficial. Sue Cox, que fue violada repetidas veces cuando niña por un clérigo en Inglaterra y es la fundadora de Survivor’s Voice Europe —organización dedicada a recoger testimonios de víctimas—, dice a El Espectador que el primer paso del próximo papa deberá ser “abrir sus puertas para una indagación independiente y secular sobre todos sus crímenes, y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Necesitan que les digan qué hacer, y dejar de ofrecer soluciones en sus propios términos y políticas”.
Daniel Salgar Antolínez
